Geraldina Colotti
¿Un asesinato nacido en las cámaras del poder, a la sombra de los intereses imperialistas que han decidido cambiar de caballo? Este es el escenario probable que enmarca el asesinato de Jovenel Moïse, presidente de facto de Haití. Para hacerlo materialmente, un pequeño ejército de mercenarios que irrumpió en su residencia supercontrolada en la madrugada del miércoles fingiendo ser agentes de la agencia antidroga DEA, lo mató e hirió a su esposa. Se habla de complicidad interna con el respaldo del jefe policial de la capital Puerto Príncipe. El comando fue arrestado casi por completo y mostrado a las cámaras.
Se trata de 15 colombianos y dos estadounidenses, que habrían llegado a Haití en junio a través de República Dominicana. Los dos estadounidenses dijeron que fueron contratados a través de Internet como intérpretes, para secuestrar y no para matar a Jovenel Moïse, quien debería haber sido llevado ante un juez por una orden de arresto. Uno de ellos es un empresario de Florida que luego fundó un grupo sin fines de lucro para brindar asistencia humanitaria en Puerto Príncipe. Otros tres colombianos han muerto a manos de la policía y ocho mercenarios están huyendo.
Bogotá confirmó que 6 de los detenidos son ex soldados colombianos. El diario El Tiempo reveló el currículum de uno de ellos, Manuel Antonio Grosso Guarn, considerado uno de los más preparados en el ejército colombiano hasta 2019. Al inicio de su carrera recibió entrenamiento especial, y en 2013 fue adscrito al Grupo de Fuerzas Especiales Urbanas Antiterroristas, los que secuestran y matan a manifestantes que desde hace meses protestan contra el gobierno de Duque. Aquellos departamentos que, en los últimos días, han recibido más refuerzos de la CIA.
Durante varios días, antes de mudarse a Haití, Grosso publicó fotos del territorio dominicano, de él y otros miembros del comando. Estos datos, sin embargo, no le cerraron la boca a Iván Duque, quien de inmediato había dado aliento a su obsesión por la República Bolivariana de Venezuela, citando la presencia de dos presuntos venezolanos en el comando, que luego resultaron ser estadounidenses. Un pretexto para pedir a Estados Unidos que amplíe la ocupación militar de Haití y para pedir a la Organización de Estados Americanos de Luis Almagro que envíe una misión urgente para "proteger el orden democrático".
En una situación similar, el 28 de julio de 1915, el asesinato del presidente Guillaume Sam allanó el camino para el neocolonialismo estadounidense. Luego, los marines desembarcaron en Puerto Príncipe para “proteger los intereses estadounidenses y extranjeros”. Ahora, desde Washington, la portavoz presidencial Jen Psaki ha calificado el asesinato de "un crimen horrendo" y ha dicho que Estados Unidos, el principal financista de Haití, está dispuesto a "ayudar" al pueblo haitiano. ¿Cómo? Lo explica la larga cadena de intervenciones neocoloniales, militares, políticas o financieras llevadas a cabo desde principios del siglo XX para aplastar el orgulloso legado de la primera república de esclavos libres, liderada por Toussaint Louverture.
Un furor que se inició tras la proclamación de la república de Haití, en 1795. Francia comenzó a librar una guerra económica y diplomática a la joven nación imponiendo, en 1825, y a pesar de todos los robos llevados a cabo hasta entonces, el pago de una indemnización a terratenientes, bajo pena de no ser reconocidos como república. Haití se vio obligado a solicitar un préstamo, pero se vio también obligado a hacerlo sólo con los bancos franceses. Cuando la isla intentó oponerse, París envió barcos militares a la costa haitiana. Haití terminó de liquidar ese préstamo, valorado en unos 22 billones de dólares, un siglo después.
A principios del siglo pasado, Haití fue ocupada por Estados Unidos, que se hizo con su oro, hasta 1934. Desde entonces, el colonialismo no se ha ido nunca, mediante el control directo o indirecto de los recursos del país: tanto mediante la colocación de títeres en el puesto de mando al servicio de intereses supranacionales, y evitando cualquier desarrollo económico y político a favor de los sectores populares. En la década de 1960, durante el mandato del presidente demócrata de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, la deuda externa de Haití se triplicó mediante la política de préstamos a cambio de control político. El control del FMI y sus planes de ajuste estructural se sumaron al terrible terremoto de 2010 (más de 250.000 muertos), el cólera y luego el devastador huracán.
El país también está postrado por la violencia ingeniosamente alimentada por familias como la de Moïse, que se han ramificado a la sombra del imperialismo estadounidense. Las bandas que, según la "tradición" (recordemos los infames tonton macoutes, al mismo tiempo milicia y policía secreta creada en 1959 por el dictador François Duvalier), hacen estragos en los barrios pobres, también realizan masacres con fines políticos. Masacres cubiertas por el estado, como lo documenta el año pasado un informe del Observatorio Haitiano de Crímenes contra la Humanidad. De 2018 a 2020, en los barrios donde las protestas contra Moïse estaban más vivas, causaron 240 víctimas civiles.
La Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración ha registrado al menos 77 grupos criminales armados. En 2020, nuevamente por decreto, Moise siguió los pasos de Duvalier y creó la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), una fuerza parapolicial para reprimir la protesta social. Según organizaciones de derechos humanos, 2020 fue el año de la acelerada gángsterización de Haití, durante el cual al menos mil personas fueron secuestradas y otras tantas murieron violentamente.
El mes pasado, algunos de los líderes de estas pandillas declararon la guerra a las élites tradicionales del país y llamaron a la gente a saquear las tiendas: "Tu dinero es lo que hay en los bancos, tiendas, supermercados y concesionarias. Ve y reclama lo que te pertenece”, dijo un conocido criminal, Jimmy Cherizier, apodado Barbecue, en un video difundido en las redes sociales.
¿Cómo culparlo? Ante la extrema pobreza en la que vive la mayor parte de la población, ahora agravada por el coronavirus en un país que no ha recibido ninguna dosis de vacunas, existe una minoría conformada por la burguesía local, la importada, y la élite de funcionarios de las miles de ONG presentes, que viven en el lujo. En febrero de 2018, Moïse aplicó la receta del FMI, lo que provocó protestas en todo el país. Al año siguiente estalló el escándalo de corrupción. La Corte de Cuentas entregó al Senado un informe que muestra que al menos 14 exfuncionarios del gobierno habían transferido en sus bolsillos más de $ 3.800 millones llegados desde Venezuela a través del programa Petrocaribe entre 2008 y 2016, y que la empresa de Moïse, la Agritans, había beneficiado de contratos para construir proyectos que nunca se completaron, pero para los que se había embolsado el dinero.
Al empresario Juvenel Moïse, el señor de los plátanos como lo llamaban, no le importaba el agradecimiento de la población, sino el de los padrinos occidentales, que lo habían colocado allí como sucesor del cantante Michel Martelly y representando a la élite agraria, a pesar de su falta de experiencia política. Desde el año pasado, luego de haber suspendido dos tercios del Senado, todo el parlamento y todos los alcaldes del país por decreto, dijo que quería permanecer en el cargo hasta 2022, en base a su propia interpretación de la constitución.
Las elecciones se habían fijado para el 29 de septiembre, pospuestas muchas veces, pero también el decidió un referéndum que cambiaría la constitución, devolviéndola a los tiempos de la dictadura de Duvalier. Pese al rechazo de toda la oposición popular o institucional y también de la Conferencia Episcopal, Moïse había recibido el aval del habitual Almagro, secretario general de la OEA. En enero de 2020, Almagro había apoyado la reforma constitucional y el referéndum, argumentando, como Moïse, que la constitución actual era la causa de todos los problemas del país.
Ahora también está pidiendo la intervención extranjera el primer ministro saliente, Claude Joseph, designado arbitrariamente por Moïse sin la aprobación del parlamento que, teniendo una mayoría de oposición, el había disuelto. Algunos acusan ahora al viceministro de facto, que quiere permanecer en el cargo hasta las elecciones y que ha declarado el estado de sitio, de querer dar un golpe de Estado y al menos haberse beneficiado del asesinato. De hecho, habría tenido que ceder el cargo a otro primer ministro de facto, Ariel Henry, quien también fue designado por Moïse sin la opinión del parlamento el 5 de julio. En cambio, la oposición institucional pide una solución compartida que incluya a reconocidas figuras y a los 10 senadores restantes, ya que son los únicos electos en el país.
¿Se anunció el asesinato de Moïse? pregunta ahora la prensa, retomando una entrevista con él en El País durante la cual el presidente de facto dijo que había frustrado un ataque en su contra, mientras que su partido Tet Kale acusó al "sistema" de haber financiado las manifestaciones contra el gobierno. Ciertamente, Moïse había perdido el apoyo de algunos grupos económicos poderosos, como el inversor Reginald Boulos y la familia Vorbe, que controla el sector eléctrico y que le habían pedido públicamente que se fuera. En represalia, el gobierno anunció que quería revisar algunos contratos de grandes empresas privadas, también propiedad de la familia Vorbe.
Moïse también fue un partidario abierto de Donald Trump. Siguiendo su política rompió con Venezuela y Petrocaribe, provocando una crisis energética, y reconoció al autoproclamado Guaidó. Después de la llegada de Biden y el consiguiente movimiento de peones en el tablero de ajedrez internacional, más de sesenta diputados demócratas estadounidenses enviaron una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, pidiéndole que revisara la política con Haití. En la misiva critican "la insistencia de Estados Unidos en querer celebrar elecciones a toda costa a finales de este año, con el riesgo de desatar más violencia en el país". Y le piden a Biden que use "su voz y su voto" con la ONU y la OEA para que el dinero de los contribuyentes no se utilice para apoyar el referéndum que buscaba Moïse.
Un montón de argumentos que probablemente llevaron al sangriento "retiro" del rey del plátano.
Haiti, la scena del crimine
Un omicidio nato nelle stanze del potere, all’ombra degli interessi imperialisti che hanno deciso di cambiare cavallo? È il probabile scenario che inquadra l’assassinio di Jovenel Moïse, presidente de facto di Haiti. A compierlo materialmente, un piccolo esercito di mercenari che hanno fatto irruzione nella sua residenza super-controllata mercoledì all’alba spacciandosi per agenti della Dea, lo hanno ucciso e hanno ferito la moglie. Si parla di complicità interne con l’avallo del capo della polizia. Il commando è stato arrestato quasi al completo e mostrato alle telecamere.
Si tratta di 15 colombiani e due statunitensi, che sarebbero arrivati a giugno ad Haiti passando per la Repubblica dominicana. I due statunitensi hanno dichiarato di essere stati contrattati tramite internet come interpreti, per sequestrare e non per uccidere Jovenel Moïse, che avrebbe dovuto essere condotto davanti a un giudice in quanto colpito da un mandato di cattura. Uno di loro è un imprenditore della Florida che ha poi fondato un gruppo no-profit per fornire assistenza umanitaria a Port au Prince, la capitale di Haiti. Altri tre colombiani sono morti per mano della polizia e otto mercenari sono in fuga.
Bogotà ha confermato che 6 degli arrestati sono ex militari colombiani. Il giornale El Tiempo ha rivelato il curriculum di uno di loro, Manuel Antonio Grosso Guarn, fino al 2019 considerato uno dei più preparati dell'esercito colombiano. All'inizio della sua carriera ha ricevuto una formazione da commando speciale, e nel 2013 fu assegnato al Gruppo di Forze speciali antiterroriste urbane, quelle che sequestrano e uccidono i manifestanti che da mesi protestano contro il governo Duque. Quei reparti che, in questi giorni, hanno ricevuto ulteriori rinforzi dalla Cia.
Per vari giorni, prima di trasferirsi ad Haiti, Grosso ha postato foto dal territorio dominicano, di lui e di altri componenti il commando. Dati che però non hanno tappato la bocca a Ivan Duque, che aveva subito dato fiato alla sua ossessione contro la repubblica bolivariana del Venezuela, adducendo la presenza di due presunti venezuelani nel commando, risultati poi essere statunitensi. Un pretesto per chiedere agli Usa di ampliare l’occupazione militare di Haiti e per chiedere all’Organizzazione degli Stati Americani di Luis Almagro d’inviare una missione urgente per “proteggere l’ordine democratico”.
In una situazione analoga, il 28 luglio del 1915, l’assassinio del presidente Guillaume Sam aprì la strada al neocolonialismo statunitense. I marines sbarcarono allora a Port-au Prince per proteggere gli interessi Usa e quelli degli stranieri. Ora, da Washington, la portavoce presidenziale Jen Psaki ha definito l’omicidio “un orrendo crimine” e ha detto che gli Usa, i principali finanziatori di Port au Prince, sono pronti ad “assistere” il popolo haitiano. In che modo, lo dimostra la lunga catena di interventi neocoloniali, militari, politici o finanziari compiuti dai primi anni del Novecento per stroncare l’eredità orgogliosa della prima repubblica di schiavi liberi, guidata da Toussaint Louverture.
Un accanimento iniziato all’indomani della proclamazione della repubblica di Haiti, nel 1795. La Francia ha iniziato a far la guerra economica e diplomatica alla giovane nazione imponendo, nel 1825, e nonostante tutte le ruberie effettuate fino ad allora, il pagamento di risarcimenti ai latifondisti, pena il non essere riconosciuta come repubblica. Haiti fu costretta a chiedere un prestito, ma le venne imposto che poteva contrarlo solo con le banche francesi. Quando l’isola cercò di opporsi, Parigi mandò le navi militari sulle coste haitiane. Haiti ha finito di pagare quel prestito, di circa 22 mila milioni di dollari, un secolo dopo.
All’inizio del secolo scorso, Haiti venne occupata dagli Stati Uniti, che misero le mani sul suo oro, fino al 1934. Da allora, il colonialismo non se n’è mai andato, mediante il controllo diretto o indiretto delle risorse del paese: sia mettendo al posto di comando burattini al servizio degli interessi sovranazionali, sia impedendo qualsiasi sviluppo economico e politico a favore dei settori popolari. Negli anni ’60, durante il mandato del democratico presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, attraverso la politica dei prestiti concessi in cambio di controllo politico, il debito estero di Haiti è triplicato. La presa del FMI e dei suoi piani di aggiustamento strutturali si è aggiunta al terribile terremoto del 2010 (oltre 250.000 morti), al colera e poi al devastante uragano.
Il paese è prostrato anche da una violenza alimentata ad arte dalle grandi famiglie come quella di Moïse, che si sono ramificate, all’ombra dell’imperialismo Usa. Le bande che, come da “tradizione” (ricordiamo i tristemente noti tonton macoutes, al contempo una milizia e una polizia segreta creata nel 1959 dal dittatore François Duvalier), imperversano nei quartieri poveri, compiono massacri anche a fini politici. Massacri coperti dallo Stato, come ha documentato l’anno scorso un rapporto dell’Osservatorio haitiano dei crimini contro l’umanità. Dal 2018 al 2020, nei quartieri dove più vive sono state le proteste contro Moïse, hanno provocato 240 vittime civili.
La Commissione Nazionale per il Disarmo, lo Smantellamento e il Reinserimento ha censito almeno 77 gruppi criminali armati. Nel 2020, sempre per decreto, Moise seguì le orme di Duvalier e creò l’Agenzia Nazionale di Intelligence (Ani), un corpo para-poliziesco per reprimere la protesta sociale. Il 2020, secondo le organizzazioni per i diritti umani, è stato l’anno della gangsterizzazione accelerata di Haiti, durante il quale almeno un migliaio di persone sono state sequestrate e altrettante sono morte di morte violenta.
Il mese scorso, alcuni capi di queste pandillas hanno dichiarato guerra alle élites tradizionali del paese e hanno invitato il popolo a saccheggiare i negozi: “È il vostro denaro quello che c’è nelle banche, nei negozi, nei supermercati e nelle concessionarie. Andate a reclamare quel che vi appartiene”, ha detto in un video diffuso nelle reti sociali un noto criminale, Jimmy Cherizier, soprannominato Barbecue.
Come dargli torto? A fronte della povertà estrema nella quale vive la gran parte della popolazione, ora aggravata dal coronavirus in un paese che non ha ricevuto alcuna dose di vaccini, c’è una minoranza composta dalla borghesia locale, da quella importata, e dal ceto politico dei funzionari delle migliaia di ong presenti, che vive nel lusso. A febbraio del 2018, Moïse ha applicato la ricetta del Fondo Monetario Internazionale scatenando proteste in tutto il paese. L’anno dopo è scoppiato lo scandalo per corruzione. La Corte dei Conti ha fornito al Senato un rapporto nel quale risultava che almeno 14 ex funzionari del governo avevano stornato oltre 3.800 milioni di dollari erogati dal Venezuela con il programma Petrocaribe tra il 2008 e il 2016, e che l’impresa di Moïse, la Agritans, aveva usufruito di contratti per costruire progetti mai realizzati, ma per i quali aveva intascato il denaro.
L’imprenditore Juvenel Moïse, il signore delle banane come veniva chiamato, non si curava del gradimento della popolazione, ma di quello dei padrini occidentali, che lo avevano messo lì come successore del cantante Michel Martelly e in rappresentanza dell’élite agraria, malgrado la sua mancanza di esperienza politica. Dall’anno scorso, governava per decreto, dopo aver sospeso due terzi del senato, l’intero parlamento e tutti i sindaci del paese, e affermava di voler rimanere in carica fino al 2022, in base a una sua personale interpretazione della costituzione.
Il 29 settembre erano state fissate le elezioni, tante volte rinviate, ma era stato deciso anche un referendum che avrebbe cambiato la costituzione, riportandola ai tempi della dittatura di Duvalier. Nonostante il rifiuto di tutta l’opposizione popolare o istituzionale e anche della Conferenza episcopale, Moïse aveva ricevuto l’avallo del solito Almagro, segretario generale dell’Osa. A gennaio del 2020, Almagro aveva appoggiato la riforma costituzionale e il referendum, sostenendo, come Moïse, che la costituzione attuale fosse la causa di tutti i problemi del paese.
A richiedere l’intervento esterno, adesso, c’è anche il primo ministro uscente Claude Joseph, nominato arbitrariamente da Moïse senza l’avallo del parlamento che, essendo a maggioranza di opposizione, era stato dissolto. Alcuni, adesso, accusano il viceministro de facto, che vuole rimanere in carica fino alle elezioni e che ha dichiarato lo stato d’assedio, di voler portare a termine un colpo di stato e di aver tratto per lo meno vantaggio dall’omicidio. Avrebbe infatti dovuto cedere l’incarico a un altro primo ministro de facto, Ariel Henry, nominato sempre senza il parere del parlamento da Moïse il 5 di luglio. Dall’opposizione istituzionale, si chiede invece di arrivare a una soluzione condivisa che includa personalità riconosciute dell’opposizione e i 10 senatori che rimangono, in quanto unici ad essere stati eletti nel paese.
Quello di Moïse è stato un omicidio annunciato? si chiede ora la stampa, riprendendo una sua intervista a El Pais durante la quale il presidente de facto diceva di aver sventato un attentato contro di lui, mentre il suo partito Tèt Kale accusava “il sistema” di aver finanziato le manifestazioni contro il governo. Di certo, Moïse aveva perso l’appoggio di alcuni potenti gruppi economici, come l’investitore Reginald Boulos e la famiglia Vorbe, che controlla il settore elettrico e che gli aveva pubblicamente chiesto di andarsene. Per ritorsione, il governo aveva annunciato di voler rivedere alcuni contratti di grandi imprese private, anche di proprietà della famiglia Vorbe.
Moïse era inoltre un aperto un sostenitore di Donald Trump. Seguendo la sua politica, aveva rotto con il Venezuela e con Petrocaribe, provocando una crisi energetica, e aveva riconosciuto l’autoproclamato Guaidó. Dopo l’arrivo di Biden e il conseguente spostamento di pedine nello scacchiere internazionale, oltre sessanta deputati democratici statunitensi hanno inviato una lettera al segretario di Stato, Antony Blinken, chiedendogli di rivedere la politica con Haiti. Nella lettera, criticano “l’insistenza posta dagli Usa nel voler effettuare elezioni a tutti i costi alla fine di quest’anno, con il rischio di scatenare altre violenze nel paese”. E chiedono a Biden di usare “la sua voce e il suo voto” con l’Onu e l’Osa affinché il denaro dei contribuenti non serva per appoggiare il referendum voluto da Moïse.
Un bel po’ di argomenti che hanno probabilmente portato al cruento “pensionamento” del re delle banane.
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